La batalla del empleo

El empleo es una prioridad hace mucho tiempo en el país. Es a este Gobierno al que le toca el reto de revertir las tasas de desempleo en Bolivia. Las medidas deberán fijarse en la estructura. Para ello, probablemente incluso se deban asegurar en las unversidades.
Las cifras del éxodo de los ciudadanos son las más reveladoras de la escasez de oportunidades que presenta Bolivia en estos momentos a sus ciudadanos de todas las edades. Son cifras no precisas, en vista de que se desconoce el número de ciudadanos que se alejan del país sin el uso del pasaporte. Los bolivianos que obtuvieron pasaportes y partieron el 2006 suman 400 mil. Los que se fueron cruzando las fronteras, hacia los países vecinos, probablemente sean dos y hasta tres veces más que aquella cifra.

El éxodo no comenzó el 2006, pero se lo ha visto con claridad debido a los problemas de obtención de pasaportes, sobre todo para el caso de aquellos que estaban partiendo hacia Europa. La corriente no ha cesado, ni mucho menos.

En respuesta a esa situación, el gobierno del presidente Evo Morales ha anunciado que este año, uno de sus mayores esfuerzos estará dirigido a crear empleos, sobre todo en el área rural. Se calcula que allí puedan crearse alrededor de 40.000 empleos, de los 90.000 programados para todo el país.

Un análisis hecho por el Banco Mundial estableció en los últimos días que el país tiene calificaciones muy malas en la fría tabla con que los inversionistas extranjeros miden a los países. En esa tabla, las peores calificaciones de Bolivia se refieren a las trabas burocráticas que existen para la creación de empresas, pero la peor calificación de todas es la referida a lo que se llama facilidades para contratar o despedir personal. En este criterio, la decisión boliviana de anular la libre contratación es un mensaje negativo para los inversionistas, según se desprende de este análisis.

Para la creación de empleos se necesita, por encima de todas las demás consideraciones, un claro y seguro tramado de leyes que garanticen las inversiones. Las inversiones no llegan a los países donde existen riesgos o solamente dudas sobre las garantías para las operaciones que se pretenden colocar.

Las leyes deben ser claras para que lleguen las inversiones y creen empleos. En este momento, el Gobierno nacional mantiene su anuncio de que en los próximos meses modificará el Impuesto Complementario a la Minería (ICM) y eso, por supuesto, demora las inversiones. Nadie invierte sin saber el porcentaje del retorno que deberá destinar al pago de tributos. Los tributos forman parte de los costos y no es posible ignorarlos.

El camino más corto para crear empleos es que el país defina programas para fomentar, incluso, que la industria y el mercado interno genere empleo bajo iniciativas como la disminución de impuestos o alguna otra condición atractiva. El camino más largo es anunciar permanentemente que habrá cambios en uno y otro sector. Con esos anuncios sólo se mantiene la incertidumbre y el temor de los inversionistas, nacionales o extranjeros, a realizar operaciones en el país.

El empleo es una prioridad de hace mucho tiempo en el país. Es a este Gobierno al que le toca el reto de revertir las tasas de desempleo en Bolivia. Las medidas deberán fijarse en la estructura. Para ello, probablemente incluso se deban asegurar en las universidades y centros de formación, en el agro, en el sector servicios y en otros más. Para esta tarea, el Ejecutivo deberá forjar alianzas con varios sectores, en especial los privados.

La Razón (Bolivia)